Ana Mato expropia a los funcionarios
Ana Mato, ministra de Sanidad, anda estos días escondida debajo de las piedras. Mañana jueves su Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (publicado el 20 de abril) llega al Congreso, y ayer martes el periódico del Gobierno, el Boletín Oficial del Estado, abría su edición con nada menos que cinco apretadas páginas de “corrección de errores” en el texto del Decreto. “La extensión de la corrección delata a quien lo ha redactado”, afirma Antonio Fernández-Pro, vocal del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España.
La profundidad del bochorno de la ministra ante el fiasco de su primera acción de gobierno está detrás, según fuentes del propio Ministerio, del hecho de que un día antes, el lunes, se reuniera a solas y sin testigos con los presidentes del Consejo General de Médicos, Juan José Rodríguez Sendín, y del de Enfermería, Máximo Jurado. Evidentemente, esa reunión no se produjo porque hubiera erratas en el texto, sino porque se trata de rectificaciones que, en algunos casos suponen, incluso, una marcha atrás en toda regla.
No es para menos. Fernández Pro, al que los médicos han puesto al frente de un gabinete de crisis, define el decreto como “un aviso a navegantes: somos el primer colectivo de funcionarios a los cuales se les expropia su puesto de trabajo”. Efectivamente, la polvareda levantada por los recortes sanitarios del decreto ha tapado una medida que, de salir adelante, acaba con la seguridad jurídica de los funcionarios españoles.
El decreto dice que todos los funcionarios que “presten sus servicios en instituciones sanitarias públicas”, lo que incluye entre otros a médicos y enfermeros, deberán ser integrados “como personal estatutario fijo” antes del 31 de diciembre de este año. Y añade: a aquellos que se nieguen a perder su condición de funcionarios, “las comunidades autónomas los adscribirán a órganos administrativos que no pertenezcan a las instituciones sanitarias públicas”. En otras palabras, los que no quieran perder sus derechos adquiridos durante décadas como funcionarios serán despojados de su plaza y obligados a terminar su carrera, en lugar de ejerciendo como médicos o enfermeros, tras la mesa de un despacho de una Consejería ajena a la sanidad. ¿En Turismo, Agricultura, Obras Públicas…?
Tras la reunión, la cuestión se añadió a la larga retahíla de cinco páginas de corrección de errores publicada ayer martes. Pero no ha conseguido calmar las aguas. Alarga el plazo para llevarlo a cabo un año, hasta el 31 de diciembre de 2013, y añade: “Debe añadirse el inciso sin perjuicio de los derechos consolidados”.
No parece suficiente. “Vamos a convocar una manifestación en Madrid a principios de junio, y estamos recopilando firmas para enviar una carta de protesta a la ministra y al presidente del Gobierno”, explica Fernández-Pro. Entre médicos y enfermeros, la medida afecta a unos 6.000 funcionarios, pero “de funcionarios que presten sus servicios en instituciones sanitarias públicas podríamos estar hablando de entre 20 y 25.000″ asegura el presidente del sindicato de médicos de Aragón, y uno de los integrantes del comité de crisis creado por los colegios de médicos, Leandro Catalán.
Alargar el plazo y la coletilla de los derechos consolidados se refiere a la jubilación de los funcionarios. Falta un año para que los últimos funcionarios que obtuvieron plaza en la entonces centralizada sanidad pública española cumplan 30 años de cotización a la mutua de funcionarios Muface, el límite que supone la consolidación de sus derechos de jubilación. “Aún así, no está claro que ahora la Seguridad Social, a la que nunca hemos cotizado, pueda reconocernos esos años cotizados a una mutua profesional”, advierten Catalán y Fernández-Pro. Además, los funcionarios de Muface pueden jubilarse a los 60, otro de los derechos adquiridos que perderían.
Es más, las correcciones no afectan a lo fundamental, la pérdida de sus plazas en propiedad como médicos o enfermeros y la obligatoriedad, si se niegan a arriesgarse a perder 30 años de cotización, a abandonar su práctica profesional. “Ni siquiera supondrá un ahorro, sino posiblemente un mayor coste. ¿O no van a sustituir a todos esos médicos y enfermeros que dejarán de atender pacientes?, se pregunta Catalán.
Mato ha incendiado la sanidad española. Incluso entre los dos principales colectivos afectados, médicos y enfermeros. Máximo Jurado, presidente del Consejo General de Colegios de Enfermería se indigna ante la noticia de las movilizaciones que preparan los médicos. Según explica, en las dos reuniones que él y el presidente de los médicos, Rodríguez Sendín, mantuvieron con la ministra no le plantearon rectificar el decreto, sino sólo corregirlo para alargar el plazo e introducir la coletilla sobre los derechos consolidados: “Se ha pactado lo que ambos consejos generales habíamos pedido, y se ha pactado al 100%. Al día siguiente no se puede salir hablando de manifestaciones. A mí se me caería la cara de vergüenza, y a mí no se me va a caer la cara de vergüenza”.
Para Jurado, esa pelea se debe dar ahora en la transposición del decreto a las respectivas normativas autonómicas que deberán ponerlo en marcha, donde “contamos con fuerza y argumentos jurídicos”. Para añadir: “¿Cómo vamos a pretender cambiar un decreto ley? Mire a los catalanes o a los andaluces que no les queda otra que acudir al Constitucional. Nosotros ya tenemos nuestras estrategias jurídicas perfectamente establecidas para cuando llegue el momento”.
Mientras llega, el PP aplicará mañana su mayoría parlamentaria y sacará adelante el “ultracorregido” Real Decreto Ley que por primera vez mete mano en la propiedad de las plazas de funcionarios. Sean muchos o pocos, es lo de menos. Que los demás pongan su barbas a remojar.
